Si la justicia está expuesta, por su propia culpa, a que la reformen, la Corte Constitucional tiene el más alto riesgo de ser modificada, si no ahora, en el mediano plazo.

Cuando una tendencia judicial se impone aun desconociendo lo que es sensible a las mayorías, y tal posición se convierte en un dogma que supone más un compromiso ideológico que el afán de equilibrada justicia, como ocurre con la Constitucional en algunos fallos dictados en aplicación del libre desarrollo de la personalidad, y tales posiciones se repiten y repiten sin considerar la percepción que de justicia tienen esas mayorías, la legitimidad del servicio judicial se va minando de manera imperceptible, hasta que ya no es posible frenar los afanes de sustituir el terreno ganado por la ideología que las altas cortes parecen promocionar en los proveídos materia de rechazo o de desconcierto entre las mayorías silenciosas.

Y para la muestra, dos botones: la opinión pública, sin analizar los aspectos de fondo de la sentencia de tutela T-364 de 2018 por la cual fueron protegidos los derechos al debido proceso y a la intimidad de dos jóvenes que fueron expulsados de un colegio por haber sostenido relaciones sexuales en sus instalaciones, entendió que la Corte protegería el derecho de los jóvenes a realizar actos sexuales en las instituciones educativas, a condición de que se aseguren que nadie se dé cuenta.

Y, más recientemente, el fallo por el cual las mujeres pueden abortar sin importar la cantidad de semanas de gestación en las tres hipótesis que ya la Constitucional había declarado viables, a pesar que la magistrada ponente del caso expuso sus argumentos sobre la idea de que este derecho se debía limitar a la semana 24 de embarazo, y de que no se aportó la prueba reina sobre la condición de la criatura en el caso concreto, con lo cual se entendió el inhumano mensaje de que bebés con alguna discapacidad podrán ser desechados, sin restricción de tiempo, desde el seno materno. El riesgo de esta clase de providencias, en las que se percibe la influencia de cierta corriente de pensamiento por encima del deber de otorgar equilibrada justicia, es que pueden exacerbar a los gobernados, que suelen defenderse de los poderes del Estado, con decisiones que para estos podrían ser peores que las que propugnan las polémicas decisiones judiciales. Tanto se jala la pita…

No basta sino con mirar aquí al lado, o también allende el mar, para ver cómo unas masas aburridas y decepcionadas de sus representantes optan por un tipo como Bolsonaro, en Brasil, o en la Italia de Salvini, sendos representantes de la extrema derecha, al frente de dos de las más importantes naciones de nuestro hemisferio, caracterizadas precisamente por su liberalismo social.

Nicolás Pareja Bermúdez*
npareja@np-asociados.com

*Abogado

 

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