Razones de justicia

Razones de justicia

Si Maduro fuera un dictador devenido de la derecha, seguro que buena parte de los Estados que aún faltan por reconocer la ilegitimidad de su investidura, ya habrían condenado al brutal régimen, que tanto daño ha hecho al pueblo en nombre del cual sigue aferrado al poder, pero también a las naciones vecinas, incluida Colombia, el país que más se afecta con la tragedia humanitaria que allá se vive, al punto que para nuestra estabilidad es de suma prioridad que cese aquella dictadura autoproclamada socialista, pues los recursos y energías que ahora estamos destinando a la atención de nuestros hermanos venezolanos, más la avalancha dolorosa que aún falta por migrar a nuestro país, desestabilizará cualquier proyección de riqueza, crecimiento y prosperidad.

Si ya toda dictadura es nefanda, esta lo es más porque su líder es el exponente perfecto de la incompetencia, la chabacanería y la amoralidad. Cuando culmine su infame mandato, esto es, cuando a los militares les estorbe insuperablemente su existencia, podría explicarnos cómo se logra convertir a un superproductor de petróleo en uno de los países más miserables del planeta, con una inflación de varios millones por ciento, sin ofrecer elementales productos de consumo y con una violencia que no estaba en el alma venezolana. Por eso, no puede el presidente Duque desistir de su liderazgo para contribuir a despertar lo más pronto a Venezuela y a Colombia de esa pesadilla horrorosa. Como no es concebible que ninguna persona sensata, sea cual fuere su ideología, excuse prolongar ese oprobio en esta esquina de nuestra sufrida Latinoamérica. Obviamente, ese sentimiento nunca implicará aceptar que nuestro territorio sirva de punta de lanza para una intervención militar. ¡Ni lo permita Duque!

Así mismo, no es admisible doctrina o posición política que justifique un ápice el reciente acto demencial y demoníaco perpetrado por el ELN en Bogotá. No hay razones políticas o de Estado, ni de conveniencia, que ameriten el disimulo, la permisión o aceptación de un espacio de tolerancia con quienes planearon, ordenaron, patrocinaron y participaron en semejante crimen. Ya no es un asunto de tener paciencia, sino de dar un claro mensaje de que la vida es sagrada, no nos pertenece, y que nadie puede, impunemente, disponer de ella, más aún cuando se escuda el daño en la cobardía inherente al terrorismo, que no solo mata a inocentes, sino que busca medrar la libertad y tranquilidad de quienes no somos violentos.

Cuando campean personas que con probada obstinación odian y desprecian la vida ajena, es deber del Estado prevenir y reprimir sus actos demenciales, someter a los sediciosos y restaurar el ambiente de convivencia.

Nicolás Pareja Bermúdez*
npareja@np-asociados.com

*Abogado

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